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Comunicado de UNCCUER ante las propuestas de nuevas medidas de financiación del Bono Social

Desde la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Energías Renovables (UNCCUER) queremos alertar de las propuestas que se ciernen ante la entrada en vigor del Real Decreto-Ley sobre la financiación del Bono Social eléctrico.

Qué es el bono social

El Bono Social tal y como se conoce actualmente es un descuento del 25% que determina el Gobierno que ha de aplicarse a la tarifa denominada PVPC. A la tarifa PVPC tienen derecho todas las personas consumidoras con potencia contratada inferior a los 10kW (la mayor parte domésticos), y al Bono Social un conjunto de usuarios que deben cumplir unas condiciones concretas, en todo caso ajenas al nivel de renta de las familias.

Hasta la fecha los sucesivos gobiernos han determinado que el Bono Social fuera financiado por aquellas empresas que desarrollaban actividades de comercialización, distribución y producción. Una sentencia del Tribunal Supremo declaró inaplicable el mecanismo de financiación implantando en 2013 por considerarlo discriminatorio.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital plantea que sean la totalidad de las empresas comercializadoras las que financien el bono social, estando incluidas las cooperativas que componemos la Unión. Todas ellas actualmente operan en mercado libre por lo que no pueden ofrecer tarifas en el mercado regulado o PVPC, a pesar de que quieren ser agentes activos en la lucha contra la pobreza energética.

Desde la Unión queremos apelar a que los criterios aplicados se basen en parámetros de proporcionalidad a los ingresos brutos de las compañías eléctricas, o en el peor de los casos, a la energía vendida.

Queremos subrayar que estas medidas supondrán que todas las comercializadoras repercutirán a sus usuarios la financiación del Bono Social.

Desde el propio Estado se reconoce que: “El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general, pues la actividad económica y humana no puede entenderse hoy en día sin su existencia”. Por eso, tanto las condiciones de aplicación como de financiación del Bono Social deben ser abordadas desde los criterios de proporcionalidad y progresividad, desvinculándolas de la tarifa eléctrica y aplicando los mecanismos de solidaridad ya existentes que hacen partícipe a toda la sociedad.

El suministro de energía no debería ser un artículo de lujo, sino un bien básico garantizado. Desde la Unión tendemos la mano a todos los agentes sociales y políticos para trabajar de manera conjunta en el desarrollo del Real Decreto y garantizar así un suministro eléctrico al alcance de toda la ciudadanía.

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