Para sorpresa de nadie, las grandes eléctricas lo han vuelto a hacer: estos días anunciarán según todas las previsiones más de 6.000 millones de euros de beneficios. La primera de ellas, Iberdrola. Con más de medio país resoplando, derritiéndose y abonado al abanico por no poder encender el aire acondicionado, la compañía cuyo presidente llamó tontos a sus propios clientes ha obtenido un beneficio neto de 3.562 millones de euros hasta junio de 2025.
Mientras las cifras en las juntas de accionistas hacen sonar las copas de champán, en 2023, el 20,8% (el doble de la media europea) de los hogares sufría lo que se conoce como pobreza energética: no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno o verano, o destinan un porcentaje desproporcionado de sus ingresos a pagar la electricidad. Es decir, lo que para unas es rentabilidad, para otras es frío, calor, oscuridad y precariedad.
El primer debate inevitable que vuelve a estar sobre la mesa es el de los impuestos. ¿Deberían las eléctricas pagar más? Sí. Rotundamente sí. Porque cuando el sistema produce una desigualdad de este calibre, no se puede seguir mirando a otro lado. Frente al argumento de quienes sostienen que subir impuestos es “castigar el éxito”, decir que estos han sido obtenidos por el mercadeo de un servicio básico; gracias a un sistema que está muy lejos de ser libre y transparente. Un sistema ciertamente manipulado pero legal, donde al igual que en un casino, la banca siempre gana.
Ante tanta desigualdad, es el Estado (y parte la estructura de la administración pública) quien legalmente tiene la potestad de la redistribución, utilizando herramientas como los impuestos. Por muchos fallos que se cometan o debates sobre cómo, quién y para qué hace uso de estos recursos, estaremos de acuerdo en que la lógica que quieren imponer de no pagar más impuestos pero a cambio realizar labor social o donar aparatos médicos de última generación, (por poner un ejemplo conocido) nos dirige inevitablemente al modelo norteamericano donde el bienestar de gran parte de la población depende de las migajas que quieran dejar caer los poderes económicos mientras se hinchan la tripa a comer todo el pastel.
Que las eléctricas, en este caso, paguen más no es ideología: es responsabilidad democrática y social.
Contaminación masiva y cambio climático
Varias de estas empresas están entre las más contaminantes del país. Endesa, Repsol, Naturgy, EDP e Iberdrola figuran en el top 10 de mayores emisores de CO₂, concentrando entre todas cerca del 18‑22 % de las emisiones totales de España. Endesa sola aporta casi el 9‑10 % del CO₂ nacional. Esto agrava la emergencia climática y añade otra externalidad que ni pagan ni reconocen: la crisis climática que sufrimos y costeamos todas.
Externalidades dolorosas
Las consecuencias directas de esta desigualdad energética se traducen en enfermedad y muerte, especialmente entre mayores en situación de vulnerabilidad. Sólo entre el 16 de mayo y el 13 de julio de 2025, se han registrado 1.180 muertes atribuibles al calor extremo en toda España, un aumento del 1.300 % respecto al mismo período de 2024. El 95 % de esas víctimas tenía más de 65 años, y el 59 % eran mujeres.
La factura la pagamos de dos maneras: con sufrimiento individual y con el sistema sanitario colapsado por dolencias evitables.
Chantaje a gobiernos y lobby legislativo
Una constante durante décadas: estos gigantes usan sus megabeneficios como arma política. Una vez más, esto no es una opinión personal o un mito: según el exministro José Manuel Soria, las eléctricas presionaban para condicionar reformas eléctricas y evitar recortes fiscales o regulatorios, proponiendo directamente modificaciones legales desde sus despachos.
Su posición de total privilegio en el mercado, siendo las propietarias de gran parte de la generación y distribución y gestionando un altísimo porcentaje de suministros en todo el Estado hace que puedan permitirse amenazar a los diferentes Gobiernos (desinversiones, cierres de instalaciones…).
El debate no está en los impuestos, sino en los propios beneficios
Aceptar como único marco de debate si deben pagar o no más impuestos es un error.
Lo esencial es: un bien básico, como la energía, debería gestionarse, nunca hacer negocio con él. Por lo tanto, no debería ocurrir que una empresa energética acumule 3.500 millones en beneficios. Tal vez incluso podríamos abrir el debate de si alguien debería acumularlos. Pero no es el objeto de este artículo.
Volvemos a exigir que de una vez por todas que la energía sea considerada como un bien básico. Urge una profunda reforma que escape de las lógicas mercantilistas donde lo público y lo comunitario ganen protagonismo. Donde no se produzcan lógicas tan perversas como que los hogares vulnerables se conviertan en clientes cautivos de empresas que les desprecian, mientras quienes de verdad podemos y queremos ayudarles, no tenemos acceso a suficientes herramientas y recursos.
En definitiva, beneficios, sistemas y situaciones realmente bochornosas; mucho más que el calor que nos azota estos días.
Artículo de opinión de Erika Martínez Lizarraga, presidenta de Goiener
